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Durante años los poderes públicos han suministrado y gestionado los servicios que les competen de una forma estrictamente jurídica o predominantemente tecnocrática. No en vano, los modelos imperantes de democracia representativa y de organización interna de las instituciones públicas han facilitado que quien detenta el poder puede tomar decisiones sin demasiados contrapesos y, además, se le responsabiliza política y legalmente de hacerlo. En este contexto, para tomar las—mejores “decisiones los poderes públicos históricamente han buscado el asesoramiento de diversos tipos de expertos (ingenieros, abogados, técnicos ambientales, urbanistas, etc.), poseedores de métodos y técnicas capaces de proveer los conocimientos más—válidos “sobre la realidad en cuestión (Borja y Castells, 1998; Espluga, 2005; Subirats, 1999). Pero a principios del siglo XXI vivimos una época en la que los gobiernos de todos los niveles se ven obligados a esforzarse para reaccionar de manera eficaz en un entorno cada vez más complejo, incierto y dinámico. En todos los países democráticos se observa que la legitimidad de las instituciones públicas tiende a deteriorarse poco a poco ante una ciudadanía cada vez más reflexiva y crítica, con nuevos valores que no pueden ser satisfechos con la simple provisión tecnocrática de servicios públicos (Font, 2000; Unión Europea, 2001). En este sentido, se revela necesario reconocer y aceptar la complejidad como un elemento intrínseco al proceso político y avanzar en la articulación de sistemas de gobierno que tengan en cuenta la existencia de una pluralidad de intereses y de múltiples …