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La Directiva de daños derivados de ilícitos antitrust constituye un paso significativo en el proceso europeo de fomento de la aplicación privada del Derecho de la competencia iniciado hace ya una década. En enero de este año, en cumplimiento del mandato comunitario, el Ministerio de Justicia ha hecho pública una Propuesta de Ley de Transposición de la Directiva. El objeto del presente trabajo es el análisis crítico de ambos documentos, valorándose tanto los objetivos y alcance de la Directiva, como la forma en que la Propuesta introduce las exigencias europeas, tanto de carácter sustantivo como procesal, en el ordenamiento jurídico español.