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Los últimos veinte años han sido testigos de una gran expansión de las nuevas tecnologías de riego en muchos países. Sin embargo, su difusión se considera todavía relativamente modesta a tenor de las mejoras en la productividad y efectividad del riego que vehiculan (Zilberman et al 1997). Esta situación se atribuye generalmente a la falta de incentivos a la racionalización del uso del agua, que derivaría de la concatenación entre su bajo coste para los agricultores y un marco institucional que entorpecería la creación de un mercado del agua (Zilberman et al 1997). De ahí las llamadas (en España y en otros países) a la eliminación de los precios políticos del agua para adecuarlos a sus costes sociales y estimular así la adopción de las nuevas tecnologías de riego (Schmidt y Plaut, 1995). A mi juicio, si bien este planteamiento incide en el problema evidente de los precios políticos del agua en el sector que es su principal usuario, no hace justicia a la complejidad que presentan los procesos de cambio tecnológico radical en la agricultura. Se lleva al