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Marcela Román y F. Javier Murillo na gran parte de los estudiantes iberoamericanos, independientemente del país donde vivan o del nivel educativo que cursen, siguen sin poder ejercer su derecho a recibir una educación de calidad. Esta indiscutible realidad nos confronta e interpela de manera permanente, recordándonos nuestra incapacidad para encontrar respuestas convincentes y relevantes a esta dura y compleja problemática social. Ni los consensos políticos, ni las profundas reformas educativas que han afectado a los sistemas nacionales de la casi totalidad de los países de la región, han logrado revertir el déficit de calidad educativa, así como tampoco la injusta y asimétrica distribución de dicha calidad. Los niños y las niñas, los y las jóvenes, las personas adultas, especialmente latinoamericanos, siguen recibiendo una educación de acuerdo a los niveles socioeconómicos, a los capitales sociales y culturales heredados de sus familias, hipotecando así no sólo su presente y futuro, sino el desarrollo hacia sociedades democráticas más justas e inclusivas. Mientras más pobres y excluidos, más pobre e insuficiente es la educación a la que acceden.