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La exigencia de una educación inclusiva, más equitativa y de calidad para todos, está en el centro del debate educativo en distintos países, y ha comenzado a traspasar el discurso de políticos y expertos del mundo educativo y académico para formar parte de las demandas de los propios estudiantes y sus familias, concitando un creciente apoyo por parte de la ciudadanía. Y es que el movimiento social por una educación de calidad más inclusiva, adquiere todo su sentido y valor en la medida que hace frente a los altos índices de exclusión, discriminación y desigualdades presentes en la mayoría, por no decir en todos nuestros sistemas educativos.

En efecto, América Latina es la región más inequitativa del mundo, con sociedades altamente segmentadas y segregadas (UNESCO, 2007). En este contexto, a pesar de la gran expansión en cobertura, la extensión de la educación obligatoria y las reformas educativas y curriculares que han llevado a cabo numerosos países de la región, no se han logrado reducir en forma significativa las brechas, persistiendo aun: