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En este artículo se analizó la evolución, a lo largo del siglo XX, de redes criminales que tenían participación en tráficos ilícitos-contrabando de armas, bienes y drogas psicoactivas ilegales-en los estados mexicanos de Nuevo León y Tamaulipas, en la frontera con Texas, Estados Unidos. A partir de la información contenida en documentos gubernamentales que se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN) de México, cortes penales federales de Estados Unidos y fuentes hemerográficas, se muestra el rol central que tuvieron actores institucionales federales y estatales para consolidar a estas redes y sus actividades ilegales a través de la garantía a su impunidad. Estos actores, junto con sus socios en los ámbitos empresariales y delictivos, configuraron circuitos institucionales para proteger semejantes tráficos y permitir la integración de capitales ilícitos en la economía formal.